fuerte tensión entre coordinación y competencia. También comenté que, empresas regionales, igualmente controladas por los poderes públicos, se


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1 7. CONCLUSIONES Al principio de este trabajo expliqué que en el sector eléctrico se produce una fuerte tensión entre coordinación y competencia. También comenté que, tradicionalmente, este conflicto se ha resuelto otorgando prioridad a la coordinación e ignorando que existe la posibilidad de fomentar la competencia en algunas de las actividades que realizan las compañías eléctricas. Esta es la razón que explica que haya sido necesario recurrir a la intervención pública para controlar la actuación de las empresas que estaban operando en régimen de monopolio u oligopolio y garantizar que las actividades que llevaban a cabo se coordinaban de un modo coherente con el interés general. Así ocurría en Inglaterra y Gales donde, hasta finales de los ochenta, una sola compañía que era propiedad del Estado se encargaba de la producción, el transporte a alta tensión y la coordinación del conjunto del sistema eléctrico, mientras que varias empresas regionales, igualmente controladas por los poderes públicos, se responsabilizaban de la distribución y el suministro. Hasta 1997, el sector eléctrico español estuvo sujeto a un grado de intervención pública bastante similar: una compañía controlada por el Estado gestionaba la red de alta tensión y se encargaba de establecer las directrices que determinaban cómo se llevaba a cabo la explotación del conjunto del sistema eléctrico. Las demás actividades las realizaban varias sociedades verticalmente integradas que se fueron agrupando para constituir cuatro conglomerados empresariales. El mayor de estos grupos, que producía, distribuía y suministraba entre el 40 y el 50 por ciento de la energía consumida en España, también estaba integrado en el sector público. Al mismo tiempo, el gobierno determinaba los ingresos de todas las compañías eléctricas por medio de unos 430

2 regímenes retributivos que, además, le servían para transmitir los incentivos que consideraba adecuados. La liberalización ha planteado el reto de introducir presiones competitivas sin menoscabar la coordinación entre los sujetos que operan en el sector eléctrico. Sin embargo, en aquellos países en los que se han aplicado medidas liberalizadoras no se ha suprimido la intervención pública, sino que, por el contrario, ha sido necesario mantenerla para impedir que las compañías que operan en régimen de monopolio puedan abusar de su poder de mercado y para establecer el marco en el que se ha de desarrollar la competencia, pues las peculiaridades de las actividades eléctricas y la necesidad de organizar el tránsito de una situación a otra obligan a definir cuidadosamente las normas que determinan las condiciones en las que han de rivalizar las empresas. La necesidad de articular algún tipo de intervención pública es aún mayor en aquéllos casos en los que, como ha ocurrido en España o en Inglaterra y Gales, la liberalización viene acompañada por la venta de las compañías que estaban bajo el control de los poderes públicos. Cuando ya ha transcurrido casi una década desde que se inició la liberalización del sector eléctrico de Inglaterra y Gales, la mayoría de los autores que han estudiado este proceso coinciden en señalar que les merece una valoración global claramente positiva. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo cinco, a lo largo de esos diez años se han puesto de manifiesto algunos problemas que se han ido resolviendo sobre la marcha o que todavía no están resueltos. Así, en la actividad de generación, donde una estructura organizada en torno a una compañía pública que operaba en régimen de monopolio dio paso a un mercado en el que se permite la libre concurrencia y se determina el precio por medio de un sistema de ofertas, ha hecho falta que los poderes públicos, a través de un órgano regulador específico, obligasen a las dos mayores 431

3 empresas productoras a vender una parte de sus instalaciones e impusiesen un límite sobre los precios del Pool. A pesar de estas medidas, esas dos compañías aún tienen capacidad para condicionar la evolución del mercado y, como se explicó en el capítulo cinco, ésta ha sido una de las principales razones que ha motivado la puesta en marcha de un proceso que va a permitir reemplazar el Pool por un conjunto de mercados en los que las transacciones se regirán por unas reglas bien distintas. En la otra actividad que se realiza en régimen de libre competencia, el suministro, se produjeron problemas técnicos que obligaron a retrasar y escalonar la apertura del mercado minorista, aunque, como hemos comprobado, la liberalización ha permitido la aparición de nuevos proveedores que han conseguido una importante cuota de mercado a expensas de las compañías que disfrutaron de áreas de suministro exclusivas durante décadas. No obstante, también se ha podido constatar la existencia de algunos obstáculos que han limitado la competencia, como los derivados de la relación vertical entre las actividades de distribución y suministro que llevan a cabo las RECs. En las actividades de red, en las que no es posible fomentar la competencia, la intervención pública es mayor. Como hemos visto en el capítulo cinco, el principal instrumento de control es un límite de precios que no se ajusta completamente a las pautas que sugirió el profesor Littlechild cuando propuso la regulación RPI-X, pero que trata de limitar el poder de mercado y estimular la eficiencia productiva a través de mecanismos muy parecidos. En España, no se adoptaron medidas liberalizadoras hasta 1994, que es el año en el que se aprobó la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico. Sin embargo, el modelo que definía la nueva legislación no se llegó a poner en práctica porque el ejecutivo apenas desarrolló los preceptos contenidos en dicha Ley. Después de las elecciones generales de 1996, el nuevo gobierno llegó a un acuerdo con las empresas eléctricas para impulsar 432

4 la liberalización del sector. Este acuerdo sentó las bases del proceso y facilitó la adaptación de la Directiva Comunitaria que persigue la creación de un Mercado Interior de la Electricidad, ya que recogió todas sus exigencias e incluso las superó en bastantes aspectos. Como se ha explicado en este trabajo, la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que fue la norma que permitió poner en marcha las reformas, se ajusta bastante bien a los compromisos que figuran en dicho acuerdo. A pesar de sus afanes liberalizadores, la nueva Ley del Sector Eléctrico reconoce que es inevitable que exista un cierto grado de intervención pública, ya que, según el legislador, el tipo de actividades que realizan las empresas eléctricas posee una serie de características que obligan a mantener un cierto control. No obstante, la intervención del Estado se limita casi exclusivamente al establecimiento del marco regulador que ordena el funcionamiento del sector, pues se ha limitado la planificación pública a las actividades relacionadas con la expansión de la red de alta tensión y se ha dispuesto que el Estado sólo estará presente en el accionariado de la compañía que se encarga de la operación técnica del sistema y de la gestión de la red de transporte. Para poner en marcha la liberalización ha sido necesario definir y separar las actividades que pueden llevar a cabo los sujetos que operan en el sistema eléctrico, establecer las normas que se emplean para determinar la retribución que le corresponde a cada uno de ellos, especificar la nueva organización del sector, que tiene como eje un mercado de compraventa de electricidad que funciona a partir de unas directrices establecidas por los poderes públicos, y crear las condiciones oportunas para que los consumidores puedan ir disfrutando de la posibilidad de cambiar de suministrador. Además, se ha aprobado un mecanismo para compensar a los productores que puedan verse perjudicados como consecuencia del establecimiento de un régimen competitivo. En esta investigación se ha puesto de manifiesto que esas compensaciones pueden 433

5 acabar teniendo una notable influencia sobre los resultados del proceso de liberalización. Las reformas que se han efectuado en España tienen muchos puntos en común con las que se realizaron en Inglaterra y Gales. A lo largo de este trabajo, hemos podido comprobar que en los dos casos se ha creado un mercado de compraventa en el que se emplea un sistema de ofertas y se paga el precio marginal, se ha establecido un régimen de libre acceso a las redes de transporte y distribución, se ha aprobado un calendario para abrir paulatinamente el mercado mayorista, se ha definido un mismo catálogo de actividades y se ha puesto en marcha un programa de privatizaciones que ha acompañado a las medidas liberalizadoras. Sin embargo, en esta investigación también se han examinado las disparidades que existen entre ambos modelos. Así, por ejemplo, hemos encontrado importantes diferencias entre las normas que rigen el funcionamiento de los dos mercados de compraventa, que se organizan de un modo distinto (el español se divide a su vez en varios submercados), asignan diferentes funciones a los agentes que demandan electricidad (en el Pool no se les permite presentar pujas), y poseen distintos sistemas de pago por garantía de suministro en el largo plazo. Aunque la reforma que se va a realizar en Inglaterra y Gales permitirá establecer varios submercados y equilibrar el papel que desempeñan la oferta y la demanda, lo cierto es que, cuando desaparezca el Pool y se ponga en marcha el nuevo modelo, el mercado de compraventa de Inglaterra y Gales aún se parecerá menos al que funciona en España, pues los intercambios se basarán en contratos libremente acordados por las partes y se suprimirá el sistema de ofertas, la casación y los pagos por capacidad que, como vimos en el capítulo cinco, no han desempeñado la función que se les asignó inicialmente. En España también se abonan unos pagos similares a éstos y, aunque se calculan a través de un procedimiento 434

6 completamente distinto, pueden ser igualmente cuestionados, ya que, como hemos señalado, su importe no depende de la diferencia entre la potencia instalada y la que resulta necesaria, así que no reflejan el exceso de capacidad que existe en el sistema eléctrico español. A pesar de las diferencias que se observan al comparar ambos modelos, la experiencia de Inglaterra y Gales nos proporciona algunas enseñanzas aplicables al análisis de la liberalización del sector eléctrico español. Una de ellas se refiere a la necesidad de garantizar la separación entre los negocios que realizan aquellas empresas que llevan a cabo actividades competitivas y actividades de red. Así, hemos de subrayar que la separación entre los negocios de distribución y suministro puede ser una condición necesaria para que exista competencia en esta última actividad. Además, debemos tener en cuenta que, desde que el gobierno decidió acortar los plazos para la apertura del mercado minorista, la necesidad de asegurar la separación se ha hecho aún más acuciante. De igual forma, la disociación de las actividades de generación y distribución puede ser imprescindible para que exista verdadera competencia en el mercado mayorista, ya que, mientras no se produzca, las compañías distribuidoras, como suministradoras a tarifa, serán las que comprarán la mayor parte de la energía que ellas mismas habrán vendido. Al estudiar las normas que regulan los ingresos de las compañías que realizan actividades de red también nos ha resultado útil la experiencia de Inglaterra y Gales, donde se rechazó la posibilidad de imponer un límite sobre la tasa de beneficio y, en su lugar, se prefirió establecer unos controles de precios que, hasta cierto punto, siguen las pautas que sugirió el profesor Littlechild cuando asesoró al gobierno británico sobre el tipo de regulación que debía aplicarse a las empresas privatizadas que operasen en sectores no competitivos. Hemos comprobado que los controles de precios a los que 435

7 están sujetas las compañías de transporte y distribución que operan en Inglaterra y Gales no se ajustan perfectamente al esquema propuesto por Stephen Littlechild, pues a la hora de establecer los umbrales, el regulador se ha dejado influir por la situación financiera de las empresas que debían respetarlos. En España, es cada vez más frecuente encontrar índices del tipo IPC-X en la regulación que afecta a las compañías que operan en sectores en los que no existe bastante competencia, pero en el caso de las empresas que se encargan del transporte y la distribución de electricidad no se puede afirmar que las normas que determinan su retribución cumplen todas las condiciones que permiten hablar de un control de precios puro. Como se explicó en el capítulo seis, haría falta que el procedimiento fuese más transparente y que se definiesen con más claridad las circunstancias que pueden dar lugar a una modificación en el valor de los índices de actualización. Además, el uso de tasas de retribución sugiere la idea de que los ingresos se calculan de forma que proporcionen un beneficio mínimo, así que las compañías reguladas no reciben unos incentivos similares a los que obtendrían si estuvieran sujetas a un control de precios puro. En el caso de las empresas de distribución, el sistema de incentivos es aún más complejo porque el importe total se reparte por medio de un método que se basa en un modelo de red de referencia. Como hemos visto, este modelo de red se ha diseñado con el propósito de vincular la retribución a las características de la zona en que opera cada compañía. La experiencia de Inglaterra y Gales también nos ha servido como referencia a la hora de analizar hasta dónde puede llegar la competencia en el mercado mayorista español. Igual que en Inglaterra y Gales, este mercado se ha convertido en el eje del sistema eléctrico, así que el éxito del proceso de liberalización va a depender, en gran medida, del grado de competencia que pueda llegar a existir en el mismo. En este 436

8 trabajo hemos visto que, tras la oleada de fusiones y adquisiciones que se produjo en la primera mitad de los años noventa, se llegó a un nivel de concentración horizontal muy similar al que existía en Inglaterra y Gales cuando se inició la liberalización, e incluso era algo más elevado como consecuencia de la enorme cuota de mercado del grupo Endesa. Por tanto, se ha partido de una situación poco favorable para la competencia. Pero la concentración horizontal no es el único factor que determina el poder de mercado de las empresas productoras. Como se explicó en el capítulo seis, su capacidad para influir sobre los precios se ve reforzada por otros factores. Así, debemos tener en cuenta que, en un mercado en el que las negociaciones se repiten frecuentemente y participan sólo unos pocos agentes, es fácil que éstos acaben coordinando sus estrategias para conseguir mayores precios. Además, las compañías que ya están operando en el mercado español comparten la propiedad de varias centrales, así que son, al mismo tiempo, socias y rivales. También hemos hecho hincapié en los obstáculos a los que se van a tener que enfrentar los nuevos productores. En la actualidad, la potencia instalada en las centrales supera con creces a la que se necesita para abastecer a los consumidores españoles y, a pesar de ello, las empresas que ya están ubicadas en el mercado han iniciado los trámites para construir nuevas plantas, que se añadirán a las que agreguen las compañías que decidan entrar en el mismo. Todas las centrales que van instalar los productores tradicionales funcionan mediante turbinas de gas de ciclo combinado, que es la tecnología más rentable en estos momentos y tiene una escasísima presencia en el actual parque de generación. Con ello, van a llenar el hueco que podrían haber aprovechado sus posibles competidores. Además, Endesa e Iberdrola han acordado una alianza estratégica con las empresas que controlan el sector del gas, que se encuentra inmerso en un proceso de liberalización mucho más lento. De este modo, evitan que dichas 437

9 compañías se conviertan en rivales y se aseguran la adquisición de gas en unas condiciones económicas que pueden ser inaccesibles para los demás productores. Otro factor que limita la competencia es la escasa capacidad de las interconexiones internacionales, que impedirá que las empresas de otros países puedan exportar cantidades importantes al mercado español. Asimismo, desde el lado de la demanda, el vínculo que existe entre las compañías de distribución y las empresas generadoras también puede dificultar el desarrollo de la competencia pues, como ya he comentado en varias ocasiones, esta relación evitará que la demanda desempeñe un papel más activo. Por tanto, la aparición de suministradores independientes puede acrecentar las tensiones competitivas en el mercado mayorista. Curiosamente, se trata de una situación contraria a la que se produce en Inglaterra y Gales, donde, según algunos autores, al otorgar libertad de elección a todos los consumidores puede ocurrir que, conforme las RECs vayan perdiendo cuota de mercado, se muestren menos dispuestas a firmar contratos a largo plazo con las compañías generadoras (en el capítulo cinco se explicó que, gracias a estos contratos, los nuevos productores consiguieron financiación para construir sus instalaciones). En esta investigación también se ha analizado la compensación que se va a pagar a las empresas generadoras para que recuperen una parte de los costes ocasionados por las inversiones que realizaron durante el período en que estuvo vigente el anterior marco regulador, ya que existe la posibilidad de que algunos de esos costes no sean recuperados bajo un régimen competitivo. En el capítulo seis se han examinado los dos procedimientos que ha empleado la Administración para determinar el importe de dicha compensación, y se ha demostrado que, en ambos casos, los valores en que se basan los cálculos (precio de mercado y valor neto contable) son, fundamentalmente, el fruto de un acuerdo entre el gobierno y las compañías interesadas, ya que los argumentos que 438

10 justifican la utilización de estos valores también podrían haber avalado el uso de otros bien distintos. Igualmente cuestionable resulta el hecho de que se hayan empleado los valores estándares para determinar el importe de los costes varados, pues no sólo cabe argumentar que dichos valores son muy superiores a los que aparecen en la contabilidad sino que, además, se puede aducir que casi todos los activos de generación son anteriores a la entrada en vigor del Marco Legal Estable. También hemos puesto de manifiesto que, a la hora de realizar los cálculos, se emplean parámetros cuyo valor no está suficientemente justificado o resulta, como mínimo, discutible, y hemos señalado que algunos de los supuestos en los que se basan tales cálculos son poco realistas. Así, se ha demostrado que, aun aceptando los métodos que emplea la Memoria Económica y algunos de sus supuestos (el importe del valor neto contable en el procedimiento general y los valores de referencia del Marco Legal Estable en el procedimiento detallado ), el importe de la compensación varía considerablemente en cuanto se consideran pequeñas diferencias en algunos de los parámetros utilizados. Por otra parte, hemos comprobado que, si se emplea como referencia el valor de mercado que se deriva de la operación por la que National Power adquirió el 25 por ciento de los activos de generación de Unión Fenosa, resulta difícil defender que la alteración del marco regulador va a producir más de un billón y medio de pesetas de costes varados. En un primer momento, estos cálculos sólo sirvieron para determinar el valor máximo de la compensación. Sin embargo, a finales de 1998 se modificó el sistema de cobro y, como resultado, las empresas recibieron la garantía de que iban a ingresar la mayor parte del mismo. Este cambio consistió en la sustitución de un procedimiento ongoing por otro en el que casi todo el importe se ha determinado up-front, aceptando los 439

11 supuestos y los valores que se asignaron a los parámetros cuando se determinó el límite de la compensación. En el capítulo seis se han analizado las consecuencias de dicha modificación y, entre las conclusiones obtenidas, podemos destacar las tres siguientes: en primer lugar, debemos señalar que la alteración del sistema de cobro obliga al gobierno a renunciar a la posibilidad de ir adaptando el importe de la compensación al grado de competencia que exista en el mercado y, al mismo tiempo, le impide recurrir a este instrumento en caso de que sea necesario adoptar medidas adicionales para garantizar una mayor competencia entre las empresas generadoras; en segundo lugar, tenemos que indicar que, al vincular el cobro de los CTCs a un porcentaje fijo aplicado sobre el total de los ingresos recaudados mediante las tarifas, se suprimen los incentivos que podían animar a algunos productores a contener el crecimiento de los precios que se establecen en el mercado mayorista; por último, cabe argumentar que, con la nueva forma de cobro, existe el peligro de que se paguen unas compensaciones excesivas y, en este caso, las empresas receptoras podrían utilizar esos recursos para financiar inversiones que obstaculicen la entrada de posibles rivales. Aunque la mayor parte de este trabajo se ha dedicado a examinar los aspectos más controvertidos de la liberalización que está experimentando el sector eléctrico español, me gustaría aclarar que, en mi opinión, las reformas que se acometieron a partir de la aprobación de la Ley de 1997 merecen una valoración global positiva. Estas reformas han permitido establecer las bases sobre las que se ha de asentar la competencia y han supuesto un avance en lo referente a la regulación de las empresas que desarrollan sus actividades en régimen de monopolio. Desde el punto de vista operativo, cabe señalar que se ha llevado a cabo una transformación radical en la organización del sector y que, para ello, sólo se ha dispuesto de un breve intervalo de tiempo. A pesar de la premura, algunos de los principales cambios, como los que ha 440

12 originado la puesta en marcha del mercado mayorista, o los que se han derivado de la concesión de libertad de elección a muchos consumidores, se han realizado sin poner en peligro la calidad del suministro y sin que se hayan producido problemas de coordinación. Una vez colocados los cimientos, se hace necesario dar algunos pasos más para garantizar que el proceso que se ha iniciado permite avanzar hacia una liberalización efectiva. En la actualidad, el mercado mayorista es el eje del sector eléctrico, así que cualquier medida que pueda incrementar la competencia entre los agentes que operan en el mismo debe ser prioritaria. Como se puso de manifiesto en el capítulo seis, las empresas productoras que participan como oferentes en ese mercado tienen capacidad para dificultar la entrada de posibles rivales e influir sobre los precios con la finalidad de situarlos muy por encima del coste marginal, así que hace falta fomentar la competencia mediante nuevas iniciativas. De los argumentos que se han expuesto en este trabajo se pueden deducir las siguientes: En primer lugar, debemos hacer hincapié en la necesidad de que el gobierno impulse la liberalización del sector del gas, ya que, de este modo, tendremos la garantía de que todos los productores, y no sólo aquéllos que se han aliado con las empresas que operan en ese sector, podrán adquirir este combustible al mejor precio. Como la capacidad instalada supera con creces a la que se necesita para atender las necesidades de los consumidores españoles, cabe la posibilidad de que las compañías generadoras compensen la puesta en marcha de nuevas centrales con el cierre de algunas que aún podrían seguir produciendo. En este caso, el gobierno podría nombrar a un tasador independiente que se encargaría de valorar las instalaciones para dictaminar si, en lugar de 441

13 proceder al cierre, resulta más adecuado obligar al propietario a venderlas, ya que, de este modo, se facilitaría la entrada de nuevos competidores. Acelerando la separación jurídica entre las actividades de generación y distribución se podría fortalecer el papel que desempeña la demanda en el mercado mayorista. Igualmente, debemos tener en cuenta que cualquier medida que incremente la competencia en el suministro puede contribuir a lograr ese objetivo. A este respecto, conviene indicar que la reducción de las tarifas de acceso a redes y la disminución de los pagos por garantía de potencia que deben efectuar los consumidores cualificados pueden no incentivarles suficientemente, ya que, como consecuencia de los desequilibrios que presenta la actual estructura tarifaria, muchos de ellos ya se están abasteciendo a un precio relativamente bajo. Una de las cuestiones que requiere una solución más urgente es la que se refiere a la existencia de centrales de propiedad compartida pues, mientras no se resuelva esta situación, seguiremos encontrándonos con la paradoja de que sus propietarios son, al mismo tiempo, socios y rivales. En la actualidad, las interconexiones internacionales tienen muy poca capacidad, y ello limita la participación de empresas como EDF, que podría convertirse en un rival agresivo. Por tanto, la puesta en marcha de nuevas interconexiones facilitaría la aparición de presiones competitivas. En cualquier mercado, la transparencia es un factor fundamental para que exista competencia. Ahora bien, para que un mercado sea transparente es necesario que los agentes dispongan de toda la información que se genera en el mismo. En la actualidad, sólo las empresas que operan en el mercado mayorista tienen acceso a la información relativa a las operaciones que se 442

14 llevan a cabo en él, de modo que, si se pretende fomentar la competencia, se debería articular algún mecanismo para que esa información sea de carácter público y el acceso a la misma no se convierta en una barrera que dificulte la entrada de nuevos productores. En último término, si se observase que los productores tradicionales conservan un excesivo poder de mercado, se podría recurrir a alguna medida como la adoptada en Inglaterra y Gales, donde se obligó a las mayores empresas a vender una parte de su parque de generación. De este modo, aquéllas compañías que estuviesen dispuestas a entrar en el mercado español podrían hacerlo sin tener que esperar a que sus centrales comenzasen a funcionar y, al mismo tiempo, se reduciría la concentración horizontal. A este respecto, cabe lamentar que el gobierno no haya aprovechado la oportunidad que le brindaba la privatización de Endesa, que se podría haber empleado para conseguir una estructura empresarial más fragmentada. Otra cuestión que ha quedado pendiente es la que se refiere a la necesidad de asignar adecuadamente los costes ocasionados por las pérdidas que se producen en la red de alta tensión y las restricciones que existen en la misma. Como se ha explicado en esta investigación, se trata de un tema complejo que no se va a resolver fácilmente, puesto que, tal y como hemos comprobado, en Inglaterra y Gales, donde ya ha transcurrido casi una década desde que se inició la liberalización, todavía no se ha hallado una solución satisfactoria. Sin embargo, mientras no se ponga en marcha algún sistema que permita repartir adecuadamente estos costes, los agentes no recibirán las señales adecuadas y, en consecuencia, no tendrán incentivos para contribuir a que se reduzcan. Al menos, la experiencia de Inglaterra y Gales nos debería servir para tomar 443

15 conciencia de las ventajas que tiene el establecimiento de un mecanismo que obligue a las empresas de transporte a compartir una parte de dichos costes. En lo que respecta a la actividad de suministro, hemos de hacer constar dos preocupaciones: por un lado, debemos indicar que, como ya se ha señalado, es necesario revisar la actual estructura tarifaria para ajustar los términos de potencia y energía de modo que reflejen más acertadamente las diferencias que existen entre los costes que origina el abastecimiento de cada grupo de usuarios; por otra parte, tenemos que reiterar que el nivel de competencia que se alcance en esta actividad puede depender de que se consiga una adecuada separación entre los negocios de distribución y comercialización, así que, por las razones expuestas en este trabajo, debemos criticar el hecho de que se haya incrementado la retribución correspondiente a la actividad de distribución a costa de transferir una parte de la que se venía asignando a la de suministro. Los procedimientos que se emplean para regular las actividades de red deberían evolucionar hacia una mayor transparencia, de modo que sea posible conocer con exactitud cada uno de los extremos que determinan las decisiones de la Administración. Además, sería aconsejable reducir la incertidumbre que genera la ambigüedad con que se definen las condiciones que pueden dar lugar a una modificación de los índices de actualización. Si se especificaran de una forma más precisa no cabría la posibilidad de que se produjeran interpretaciones subjetivas y se aminoraría esa incertidumbre. Teniendo en cuenta el consenso que existe sobre los beneficiosos efectos de las limitaciones de precios que se han venido aplicando en Inglaterra y Gales, también sería deseable que los actuales regímenes retributivos evolucionaran hacia fórmulas más cercanas al control de precios puro. Otro aspecto que debería ser objeto de una mayor concreción es el relativo a la disposición según la cual los consumidores serán compensados si el importe final de los 444

16 CTCs resulta superior al que se habría ingresado si toda esta retribución se hubiera determinado por diferencias. Como se ha explicado en este trabajo, ahora mismo no existe una definición precisa de las condiciones que se han de cumplir para que se entienda que los consumidores deben recibir dicha compensación, y tampoco se ha aclarado el procedimiento que se va a emplear en el caso de que sea necesario pagarla. Finalmente, me gustaría señalar varios temas que pueden dar lugar a futuras investigaciones. Como la liberalización del sector eléctrico todavía es un proceso incipiente, se podrían sugerir múltiples líneas de trabajo, así que me limitaré a indicar solamente aquéllas que me parecen más interesantes. Alguna de ellas se puede centrar en el análisis de las estrategias que siguen los agentes que operan en el mercado mayorista y, en particular, en el estudio de sus reacciones ante la entrada de nuevos productores. Igualmente interesante sería examinar hasta dónde llega el efecto de las normas sobre separación vertical, o analizar como influye el cambio de regulación sobre la eficiencia productiva de las empresas que realizan actividades de red. Cuando acabe el período transitorio, e incluso antes, se podrá abordar también un asunto que promete ser controvertido: la determinación del verdadero valor de los costes que no van a recuperar las empresas productoras como consecuencia de la modificación del marco regulador. 445

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